La ministra de Trabajo, Raquel «Kelly» Olmos, deslizó que el Gobierno podría denunciar a empresas de colectivos por la «retención indebida de subsidios que le corresponden a los trabajadores» y afirmó que el paro en el sector en realidad es «un lockout patronal».
El Ministerio de Transporte jugó fuerte en la negociación que llevan adelante las empresas de colectivos y la Unión Tranviaria Automotor (UTA), que hoy mantiene paralizada el Área Metropolitana y seis provincias con un paro de colectivos por 24 horas.
Según relataron diversas fuentes, funcionarios del Ministerio le exigen a las empresas que usen los fondos públicos que reciben para pagarles a los choferes y estos pongan a funcionar el servicio en su totalidad «de manera inmediata».
La titular de la cartera laboral señaló que luego de que se establecieran los aumentos a los sueldos de los choferes de colectivos el Ministerio de Transporte «transfirió la plata y las empresas no han liquidado esos incrementos, aduciendo que tienen mayores costos en otros rubros y en función de eso tienen de rehén a los trabajadores, que decidieron hacer una retención de tareas».
En caso contrario, el Gobierno denunciaría a las empresas por el delito de «retención de fondos públicos».
A su vez, los funcionarios dijeron que ya está preparada una resolución y que «están dispuestos a dialogar» sobre los costos operativos de los últimos meses, algo que venían reclamando las empresas.
Es que, por la inflación, las empresas argumentan que los costos de combustibles, repuestos y reposición de las unidades se dispararon en los últimos meses y que es necesario que el valor del boleto se actualice a un ritmo mayor al autorizado por el Gobierno mes tras mes o bien los subsidios del Estado sean mayores.
