La medida, impulsada por Sturzenegger, elimina los precios de referencia en medio de un fuerte aumento en la demanda. El sector advierte que la situación se volvió crítica en muchas ciudades del interior.
En plena ola de frío y con serios problemas de abastecimiento de gas natural en gran parte del país, el Gobierno nacional resolvió este jueves liberar los precios de las garrafas y avanzar en una profunda desregulación del mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP). La medida fue oficializada a través del Decreto 446/2025 y fue impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en conjunto con la Secretaría de Energía de la Nación.
La decisión se tomó en un contexto crítico, con una demanda disparada por las bajas temperaturas y restricciones al suministro de gas que afectan a hogares, industrias y estaciones de GNC. Según la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA), la demanda de garrafas creció en los últimos días un 30% respecto al mismo período del año pasado, situación que obligó al sector a operar al límite de su capacidad.
“Se eliminan los precios de referencia. Los precios libres son la mejor brújula para un mercado sano”, publicó Sturzenegger en su cuenta oficial de X, explicando que ya no se fijarán valores orientativos como los que hasta ahora establecía la Secretaría de Energía para las garrafas de 10, 12 y 15 kilos, cuyo costo oscilaba entre $10.500 y $15.750.
Hasta la entrada en vigor de esta nueva normativa, el Estado intervenía en el mercado estableciendo precios de referencia para garantizar el acceso en todo el país y evitar prácticas especulativas o el comercio clandestino. Ahora, el esquema se liberaliza con el argumento de “respetar el derecho al comercio” y permitir que la oferta y la demanda definan los precios.
Además de la eliminación de precios máximos, el decreto elimina la exigencia de permisos previos para operar como fraccionador, distribuidor o comercializador de GLP. Solo se exigirá el cumplimiento de normas de seguridad, y si la documentación está en regla, el trámite quedará aprobado automáticamente en un plazo máximo de 10 días. A su vez, se habilitó a la Secretaría de Energía a recurrir a organismos públicos o privados —y no solo al Enargas— para verificar las condiciones de seguridad de los operadores, consignó Infobae.
