La Justicia entrerriana rechazó una acción de amparo presentada contra el Estado provincial y la Caja de Jubilaciones y Pensiones, mediante la cual un jubilado del ex Banco de Entre Ríos buscaba que se declarara inconstitucional la reforma previsional establecida por la Ley 11.302.
La resolución fue dictada el 12 de noviembre por el juez Juan Francisco Malvasio, quien declaró inadmisible la presentación y dispuso que las costas del proceso quedaran a cargo del demandante.
El reclamo apuntaba a mantener el mecanismo anterior de movilidad jubilatoria, que vinculaba la actualización de los haberes con los aumentos salariales del sector bancario. En cambio, la nueva normativa establece como referencia al escalafón con mayor cantidad de aportantes del Estado provincial.
El argumento de la Caja de Jubilaciones
Durante el proceso, la Caja de Jubilaciones informó que el beneficiario había recibido todos los incrementos salariales bancarios correspondientes hasta la entrada en vigencia de la reforma, el pasado 22 de agosto.
Además, presentó los datos del primer mes de aplicación del nuevo mecanismo. En septiembre, el aumento otorgado fue del 3,5%, mientras que el incremento salarial bancario alcanzó el 1,9%.
De esta manera, el jubilado recibió una actualización 1,6 puntos porcentuales superior a la que le habría correspondido bajo el régimen anterior.
Por su parte, la Caja de Jubilaciones y la Fiscalía de Estado defendieron la legalidad de la reforma y señalaron que el planteo de inconstitucionalidad debía analizarse a través de los procedimientos judiciales específicos.
La Fiscalía también expuso la situación financiera del sistema previsional provincial, su déficit estructural y la necesidad de preservar su sustentabilidad, teniendo en cuenta el carácter solidario del régimen y los derechos del conjunto de los beneficiarios.
Por qué se rechazó el amparo
En su resolución, el magistrado coincidió con el dictamen del Ministerio Público Fiscal y consideró que la controversia requiere un debate más amplio y una producción de pruebas que exceden las posibilidades de una acción de amparo.
En ese sentido, sostuvo que existen otras vías judiciales más adecuadas para discutir el planteo y, por ese motivo, declaró inadmisible la presentación.
La sentencia no resolvió si la reforma jubilatoria es constitucional o inconstitucional. Determinó que el cuestionamiento deberá tramitarse mediante los procedimientos judiciales correspondientes.
