La estructura rodea unas 40.000 hectáreas de una estancia en el departamento Gualeguay e interrumpe el curso natural del arroyo. Según el Gobierno provincial, la obra perjudica a campos vecinos y genera consecuencias ambientales y económicas sobre más de 100.000 hectáreas.
El Gobierno de Entre Ríos avanzará con intimaciones para exigir el cumplimiento de la Ley de Aguas ante las irregularidades detectadas por la construcción de un terraplén que interrumpe el flujo del arroyo Viraguay, en el sur de la provincia.
La situación fue constatada por el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, durante un sobrevuelo de la zona ubicada frente a Puerto Ruiz, cerca de la desembocadura de los ríos Gualeguay y Paraná Ibicuy.
De acuerdo con la información oficial, el terraplén rodea una superficie de más de 40.000 hectáreas pertenecientes a Estancias del Ibicuy, cuyo referente es Pedro Pou.
La estructura tiene como objetivo proteger de las inundaciones a ese establecimiento, pero, según las autoridades provinciales, provoca perjuicios a los campos vecinos al interrumpir el curso del arroyo Viraguay. El impacto ambiental y económico alcanzaría a más de 100.000 hectáreas.
Observaciones e incumplimientos
El organismo encargado de regular el uso de los recursos hídricos en Entre Ríos, el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa), ya había realizado observaciones formales sobre la construcción.
Entre las medidas dispuestas se encuentra la realización de cortes en el terraplén para permitir que el arroyo recupere su flujo normal. Sin embargo, desde el Gobierno provincial señalaron que los propietarios incumplieron sistemáticamente esas disposiciones.
La situación genera mayor preocupación ante la posibilidad de inundaciones en la cuenca del río Gualeguay.
Qué establece la Ley de Aguas de Entre Ríos
En la provincia se encuentra vigente la Ley Nº 9172, que regula el uso, aprovechamiento y conservación de las aguas superficiales y subterráneas, además de las obras hidráulicas vinculadas a actividades económico-productivas.
La normativa establece criterios de equidad y racionalidad ambiental y designa al Corufa como autoridad de aplicación, con facultades para regular, planificar y proteger los recursos hídricos y ejercer el poder de policía.
Ante las irregularidades detectadas y los incumplimientos señalados, el Estado provincial buscará exigir que se respeten las disposiciones vigentes y se garantice la circulación normal del agua en el arroyo Viraguay.
Fuente: Gobierno de Entre Ríos.
